En los años 2006 y 2010, PBI acompañó a 149 familias campesinas Q’eqchi’ de la Finca La Mocca, integrantes de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en su lucha para que se reconociese su derecho de acceso a la tierra. 13 años después volvemos a encontrarnos con estas familias para rememorar aquel tiempo y conocer los hechos acontecidos tras la entrega de la tierra.

Los orígenes: cronología del conflicto en la Finca La Mocca1

En el valle del río Polochic, en el límite municipal entre Senahú y Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, se encuentra la Finca San José La Mocca, perteneciente a la familia Hempstead Dieseldorff. Es una zona estratégica entre las selvas de las tierras bajas del norte de Guatemala, que al sur limita con el municipio de Panzós y con el río Polochic. La historia de esta finca es uno de los numerosos ejemplos de lo que el historiador Severo Martínez Peláez definía como el problema primordial de la sociedad guatemalteca, es decir, la desigual distribución de la tierra, la cual se encuentra concentrada en pocas manos mientras la gran mayoría de la población campesina carece de ella. También es un caso que ilustra el racismo histórico propio de un modelo de desarrollo colonial que, desde la reforma liberal, ha basado su productividad en la mano de obra cuasi esclava de familias indígenas obligadas a trabajar en las fincas cafetaleras a través de la figura del mozo colono2. Además, esta historia es representativa de lo que se ha dado en llamar “estado fallido”, pues muestra la incapacidad del Estado a la hora de garantizar los derechos básicos de su población: alimentos sanos y suficientes, agua potable, vivienda digna y seguridad.

Las familias campesinas Q’eqchi’ que son protagonistas de esta historia, han vivido y trabajado durante muchos años como mozas y mozos colonos de la Finca La Mocca, la cual dedicaba sus aproximadamente 100 caballerías al cultivo de café y cardamomo y a la ganadería. Al principio del nuevo milenio, la caída de los precios del café y el interés de reconvertir la finca para la producción de otros productos más rentables y con menos necesidad de mano de obra (como el cultivo de eucaliptos), llevo a los propietarios a prescindir del trabajo de parte de las 1.100 familias Q’eqchi’ que vivían y trabajaban en la finca. Sin embargo, dichos propietarios no cumplieron con el pago de las prestaciones debidas por los años trabajados. Tampoco entregaron a todas las familias una compensación a través de la adjudicación de tierra, solo unos dos tercios de las familias fueron beneficiadas. Además, las adjudicaciones de tierra se hicieron sin contar con el cálculo de los años trabajados por parte de cada familia, lo cual genero división comunitaria.

En 2003, 235 de estas familias que no habían recibido compensación por los años trabajados, se organizaron en la Asociación Campesina de Desarrollo San José Mocca (ACDSJM) para reclamar sus prestaciones laborales y tierra. Un año después, se sumaron a la UVOC en busca de cobertura política y legal para sus reivindicaciones. Con el apoyo de la UVOC consiguieron que se dictase una sentencia judicial que estableció su derecho a recibir una indemnización monetaria, o a través de la entrega de tierra, por el trabajo brindado. Esta sentencia no se cumplió. Frente a la falta de respuesta por parte de los dueños de la finca, y como medida de presión para resolver su situación, en 2005 se instalaron en la Finca Las Cabañas, de los mismos propietarios de La Mocca y ubicada en frente de esta, tan solo separada por la carretera.

La falta de voluntad de resolver el conflicto, llevó a que las familias tuviesen que vivir tres desalojos violentos y varios enfrentamientos con grupos afines a los finqueros, los cuales terminaron con decenas de personas heridas y tres fallecidas: Miguel Quib, fallecido en los enfrentamientos de julio 2006; José María Cu, que falleció un año después a causa de las heridas recibidas en los enfrentamientos de julio de 2006; y Carlos Chub Che, asesinado en abril de 2007. 17 años después, las familias de estas personas siguen esperando que se identifique a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos y se haga justicia.

Frente a la violencia y a los desalojos, las familias no tuvieron otra alternativa que instalarse en la carretera al lado de la finca que habitaron toda su vida. Allí sufrieron los efectos adversos del clima, desnutrición, falta de acceso a salud, a educación y desempleo. Mientras, con el acompañamiento de la UVOC, siguieron negociando en la Mesa Nacional de Resolución de Conflictos Agrarios para conseguir un lugar donde vivir y el pago de las prestaciones laborales que los finqueros les adeudaban por su trabajo.

Aunque el caso fue priorizado como urgente por la situación de extrema pobreza en la que vivían las familias, el Estado tardó 4 años en adjudicarles tierra. Hay que señalar que la solución para las familias campesinas no pasó por el cumplimiento, por parte de los finqueros, de las obligaciones contraídas con ellas, sino que las tierras que recibieron fueron compradas por el Estado a otros finqueros y adjudicadas a las familias de La Mocca.

En el mes de febrero de 2010, 149 familias campesinas que habían aguantado sobreviviendo al borde de la carretera recibieron oficialmente tres manzanas y media4 de tierra cada una, ubicadas en el camino que comunica Santa Catalina La Tinta con Senahú. Consiguieron título comunal de la tierra que les fue otorgada a través del Fondo de Crisis de la extinguida Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), pero no recibieron un capital inicial de inversión para el desarrollo de la comunidad.

Contando con el único apoyo de un pequeño camión puesto a disposición por la UVOC, las familias se trasladaron una a una hacia la nueva tierra, tardando otro año más en salir de la orilla de la carretera.

Lo que consiguió el esfuerzo comunitario: la organización es la base de la sobrevivencia5

Bajo la sombra de un gran árbol, al lado de la iglesia de la comunidad, unas 35 personas, la mayoría ancianos y ancianas protagonistas de esta lucha, nos recibieron y compartieron con nosotras el largo camino recorrido durante todos estos años. Nos explicaron el proceso organizativo vivido una vez llegaron a su nuevo hogar, donde las familias nuevamente tuvieron que contar solamente con sus propias fuerzas y el apoyo mutuo que se fueron brindando a través de la organización comunitaria. “El estado compró la tierra, pero ni dio seguimiento al traslado hasta aquí, ni a que tuviéramos una vivienda, ni nos brindó apoyo para la siembra”.

La nueva comunidad se construyó a partir de la cosmovisión maya: la conexión de la nueva tierra con la energía del nahual tz’ikin6 determinó su nombre, Kab’lajuj Tz’ikin, traducido al castellano como 12 Águilas. Sandra Calel, de la UVOC, narra que “el águila representa para las familias el vuelo que hicieron desde La Mocca hacia la nueva tierra, consiguiendo su objetivo de poder empezar una vida mejor”. Las familias diseñaron la nueva comunidad organizándola según la cruz maya, ubicando en el centro los espacios comunitarios y agrupando a las familias en 5 áreas, según el nahual de las mujeres de cada familia. “La organización de la comunidad fue un proceso impecable. 12 Tz’ikin es la primera comunidad cuya documentación de propiedad de la tierra se emitió tanto a nombre de los hombres como de las mujeres de cada familia”, comenta Sandra Calel. Para gestionar la vida organizativa en la nueva comunidad, las familias se organizaron en comités de salud, educación, cuidado del medioambiente, deporte, organización entre mujeres, etc. Además, cuentan con un consejo de autoridades, responsable de velar por la tierra, compuesto por 20 ancianos y ancianas.

“Los inicios fueron duros” nos comparten. “Llegamos a una tierra que estaba seca y sin nada. Tener las casas llevó tiempo. Al principio vivimos en champas7 de nylon, tablas y láminas traídas desde la orilla de la carretera. Ahora tenemos cocinas de leña y luz a través de paneles solares en los edificios comunitarios”. La comunidad también cuenta con escuela desde hace 9 años, conseguida a través de más luchas y reivindicaciones de las familias, que brinda educación desde pre primaria hasta sexto año de primaria. Actualmente acuden a ella unos 188 niños y niñas de entre 4 y 11 años. Para su funcionamiento cuenta con 6 maestras y maestros Q’eqchi’, que acuden desde Senahú durante 3 o 4 días a la semana. El centro de salud fue otro resultado de su lucha. Sin embargo, solo disponen de la presencia de un médico una o dos veces al mes.

Los principales problemas que tienen en este momento son, de nuevo la falta de tierra y la falta de agua. “La tierra no alcanza y está muy cansada. Aquí no había árboles, todo estaba seco. Plantamos árboles y empezamos a recuperar la tierra, aunque cuesta mucho porque no contamos con apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para insumos, ni para formación para que se pueda mejorar la productividad de la tierra a través de abonos y tecnificación de los cultivos”. Además de la poca productividad, con el crecimiento de la comunidad la tierra se ha vuelto a quedar escasa. “Cultivamos maíz, frijol, chile, mazapán, piña, mango, plátano, mandarina, yuca, camote para nuestro propio consumo. Sin embargo, el maíz no alcanza ni para el autoconsumo de las familias y tenemos que comprar. Con el crecimiento de la comunidad, que tiene ahora alrededor de 800 personas, los jóvenes se ven obligados a salir a trabajar afuera. Algunos hacen temporadas como peones en las fincas, otros migran hacia Estados Unidos. La tierra no da suficiente”.

El problema más grave que afecta a la comunidad es la falta de agua potable. “Cada día tardamos una hora caminando para llegar a los dos nacimientos de agua más cercanos”. Las mujeres son las principales afectadas por la escasez de agua, ya que son las que principalmente se ocupan de abastecer a la familia del vital líquido para beber y para el aseo personal, pero también para cocinar y lavar la ropa. Frente a la falta de respuestas de parte de las autoridades y la falta de voluntad de invertir en sistemas de agua y saneamiento, las familias nuevamente están buscando soluciones por sí mismas, aunque sea a corto plazo, como juntar tinacos de grandes dimensiones para recolectar el agua de lluvia. “La comunidad ha crecido y los dos nacimientos de agua que nos abastecen sirven también a otras comunidades vecinas. En verano se secan porqué no hay árboles y también por efecto de las hidroeléctricas cercanas. Nuestro principal problema es la falta de agua potable”.

Aunque consiguieron la tierra, las y los ancianos de la comunidad no han dejado de luchar para ver reconocidos sus derechos laborales por los años trabajados en La Mocca. Sandra Calel nos explica otros retos que las familias están enfrentando ahora: “hay campesinos que han trabajado hasta 39 años por 25 centavos al día. Los finqueros no han recompensado a estas familias, aún cuando existe una resolución judicial reconociendo sus derechos. Otra lucha ahora, en la cual les estamos acompañando desde la UVOC, es para reclamar la jubilación y ver así reconocidos los derechos ganados durante tantos años de trabajo”.