August 20, 2017
  
  • Promoviendo la no violencia y protegiendo los derechos humanos desde 1981
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Contexto del Proyecto

Contexto general

Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con una extensión total de poco menos de 109 mil kilómetros cuadrados: según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2011, la población total de Guatemala era de 14,7 millones de habitantes, con una elevada proporción de jóvenes. Colinda con México, Belice, Honduras y El Salvador. Las principales actividades económicas son los cultivos agrícolas para la exportación: café, caña de azúcar, banano, cardamomo y, cada vez más, palma africana y cultivos destinados a la producción de agro combustibles. Más del 60% de población vive en el área rural, y un porcentaje similar es población indígena, lo cual convierte a Guatemala en uno de los países con mayor población indígena del mundo. Tres pueblos indígenas (Maya, Xinka y Garífuna) conviven en Guatemala con la población ladina.

El tercer informe de avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Guatemala, presentado en noviembre de 2010, concluía que el 51% de la población vive en situación de pobreza y observa los índices de pobreza más altos en los departamentos de Alta Verapaz, El Quiché y Huehuetenango, e incidían sobre todo en la población maya. Según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), este informe revela un país afectado por la desigualdad y la exclusión. Las grandes brechas del país trascienden las variables de ingresos, y se ilustran por diferenciales en términos de dominio geográfico (con prevalencia en los Departamentos indicados), etnia (población indígena), género (mujeres) y grupos etarios (niños/as y ancianos/as). Las cifras siguen siendo desoladoras actualmente ya que en 2011 Guatemala se ha desplomado hasta el puesto 131 (entre 187 países) en la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la región de América Latina y el Caribe, únicamente se encuentra por encima de Haití.

Junto a las altas cotas de pobreza y de falta de alimentos, la población indígena (y muy especialmente la población y las comunidades mayas), fue la más afectada durante el conflicto armado interno que determinó el rumbo del país durante 36 años. La violencia y las masacres cometidas durante este período por el ejército guatemalteco quedaron sistematizadas en el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), y en el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) impulsado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que coinciden en su análisis en que la población indígena, y muy especialmente la población y las comunidades mayas, resultó gravemente afectada por la implementación de políticas y operaciones contrainsurgentes. Según las investigaciones de la CEH, el 93% de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno fueron cometidos por fuerzas gubernamentales.

La realidad socio-política en Guatemala continúa evidenciando en la actualidad que es imposible abordar cualquier análisis sobre el contexto y la coyuntura política sin tomar en cuenta la Historia del país, siquiera su historia reciente. Sea para abordar problemáticas de primer orden en la escena nacional –como la fragilidad de las instituciones democráticas en el país y los grandes obstáculos que encuentran para hacer efectivo el funcionamiento de un auténtico Estado de Derecho como eje vertebrador de la vida pública-, sea para evaluar conflictos locales que responden a problemáticas estructurales –como los desalojos violentos de población campesina e indígena en el Valle del Polochic en marzo de 2011–, la dimensión histórica es esencial. Por muchos motivos evidentes, pero sobre todo porque permite contar con un enfoque más completo e hilado de las causas y las consecuencias de problemáticas estructurales que siguen ahogando al país, de los procesos sociales que han ido evolucionando para solucionarlas desde un enfoque de promoción y defensa de los DDHH, y de las amenazas y ataques que han encontrado en el camino tales procesos y los actores que los protagonizan. Esta óptica, por lo demás, permite visibilizar la legitimidad de procesos y actores sociales que, en su labor de defensa de derechos y de resistencia frente a la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por la vigente legislación nacional e internacional, se topan con el cuestionamiento de su labor, con intentos de desacreditación, e incluso con difamaciones y acusaciones judiciales infundadas.

En este sentido, los procesos de recuperación de la memoria histórica cobran un enorme sentido, pues permiten entender la continuidad de las luchas contra la impunidad del pasado y del presente, y los procesos sociales de defensa de derechos y de resistencias colectivas, de entonces y de ahora: son los procesos de recuperación de memoria histórica los que permiten evidenciar que la misma población indígena afectada en los 80s por las masacres del ejército, y por políticas como la tierra arrasada que se implementó en El Quiché, resulta hoy también la población más afectada por la implementación de mega-proyectos que no cuentan con su debido consentimiento previo, libre e informado, o por los desalojos violentos de población que, vulnerando los estándares internacionales de derechos humanos, incluyen también la quema de viviendas y cosechas, como en el pasado.

Violencia e impunidad en Guatemala

Los desafíos que enfrenta la sociedad guatemalteca en materia de derechos humanos son complejos y numerosos; como se ha indicado, persisten problemáticas estructurales e históricas que se traducen en elevadísimos índices de pobreza, inequidad en la tenencia de la tierra, exclusión y marginación de la población indígena. La situación de violencia e impunidad existente en Guatemala es otro de los elementos que se mantiene con carácter estructural en el tiempo.

En el año 2011, el Ministerio de Gobernación registró un total de 5.632 víctimas de homicidio, lo que representa una tasa de más de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de todo el mundo. De acuerdo con el informe de su visita a Guatemala del Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces, Fiscales y Abogados, sólo el 2% de los homicidios cometidos son juzgados y únicamente el 4% del conjunto de delitos cometidos son juzgados. El ensañamiento y la crueldad, han sido factores identificados durante los últimos dos años en la comisión de actos extremadamente violentos, que han sido evaluados con una clara intención de sembrar el terror social para diversos fines.

Este clima de impunidad comprende a los delitos actuales y también a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo del conflicto armado y, según el Relator Especial de la ONU citado, está directamente vinculado a las acciones de ciertos sectores que han buscado crear las condiciones que les permitan mantener la cooptación de las instituciones públicas y ponerlas al servicio de intereses espurios, que en muchas ocasiones guardan relación también con el crimen organizado y/o el narcotráfico.

En la conferencia de prensa ofrecida por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, tras su visita al país en marzo de 2012, destacó algunos esfuerzos importantes que Guatemala ha realizado en la lucha contra la impunidad y en la promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los guatemaltecos. Como ejemplo de los avances se refirió al reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional mediante la ratificación del Estatuto de Roma, y a la apertura de investigaciones y el desarrollo de procesos judiciales por violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la guerra.

Aún así, Pillay señaló que persisten grandes retos: Guatemala debe decidir entre romper con el pasado y transformarse en un Estado moderno firmemente cimentado en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, o si desea más del mismo viejo sistema fracasado que ha beneficiado sólo a unos pocos. Enfocó sus preocupaciones en varios temas: la impunidad, el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas, el impacto sobre ellos de los proyectos de inversión económica que no son debidamente informados y consultados, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y la elección del Procurador de Derechos Humanos. La Alta Comisionada recordó que cuando los delitos del pasado permanecen sin castigo, la impunidad fomenta la comisión de nuevos delitos, desde graves violaciones a los derechos humanos hasta otras actividades ilegales, y lamentó que actualmente se registren más muertes violentas cada año que en tiempos del conflicto armado interno y altos niveles de homicidios y violencia contra las mujeres. En particular, entre los temas pendientes, la Alta Comisionada se refirió: al incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la necesidad de retomar la agenda que establecen sus compromisos para la construcción de la paz y la superación de problemáticas estructurales; a las reformas urgentes, que dependen en gran medida de la voluntad política del Congreso, para que el sistema de justicia supere obstáculos estructurales y sea verdaderamente independiente, imparcial y accesible; a las políticas de seguridad con enfoque preventivo y centrado en los grupos de mayor riesgo; a la reforma y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), el control efectivo de armas y la supervisión de las empresas privadas de seguridad; a la revisión exhaustiva de las leyes y políticas relativas a las tierras indígenas, la minería y el medio ambiente; a la reforma de la Ley de Minería para adecuarla a los estándares internacionales de modo que se evite el aumento de los desalojos; al reconocimiento público de los defensores y las defensoras de derechos humanos, y el establecimiento de un mecanismo de protección efectivo para aquellos que están en riesgo o enfrentan amenazas, ataques, intimidación y criminalización debido a su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Coyuntura política reciente

El 2016 ha sido el primer año del Gobierno presidido por Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), elegido en un proceso electoral realizado en el medio de fuertes movilizaciones sociales de protesta por la existencia de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en el periodo del anterior gobierno. Si bien las elecciones tuvieron lugar en este contexto, su resultado no fue el producto de la protesta social, sino de reajustes dentro de las cúpulas de poder militares, políticas y económicas. Jimmy Morales y el FCN-Nación han sido señalados por diferentes analistas y exponentes de la sociedad civil organizada por su vinculación a militares retirados involucrados en vejámenes cometidos durante el conflicto armado interno y con la estructura del anterior partido en el gobierno, el Partido Patriota. En este sentido, la crisis política e institucional desatada a través de los procesos penales alrededor de la cooptación del estado (1) no se agotó con la renuncia y encarcelamiento del anterior Presidente Otto Pérez Molina y de varios exponentes de su gobierno, y la celebración de elecciones políticas, sino que se mantiene vigente, mostrando una situación de crisis de legitimidad y estabilidad que condicionan el ejercicio del poder político en el país(2).

El primer año del Gobierno de Jimmy Morales ha mostrado también la voluntad de mantener intacto el modelo económico basado en la explotación de los territorios y los bienes naturales que está a la base de diferentes conflictos existentes en el país. El Gobierno ha profundizado en la militarización de los territorios, con la instalación de bases militares en aquellos lugares donde existen o está prevista la instalación de proyectos económicos sin el consentimiento de la población local. Lo anterior, que PBI ha podido observar especialmente en los departamentos del Oriente del país y en El Quiché, despierta serias preocupaciones especialmente por la situación de seguridad de quienes defienden los derechos de las comunidades locales a ser consultadas sobre la instalación de proyectos económicos, así como el derecho al autogestión del territorio y de los bienes naturales por parte de los pueblos indígenas.

La coyuntura marcada por los procesos de investigación sobre la cooptación del estado ha contribuido por otro lado a abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, que se ha enfocado al ámbito de la justicia. A partir de febrero de 2016, se ha implementado el así llamado “Diálogo Nacional: Hacia la reforma de justicia”(3) entre cuyas propuesta se encuentra normar a nivel constitucional la posibilidad para los Pueblos Indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres, definiéndolo como un sistema jurídico propio con el que el sistema jurídico oficial se debe coordinar. Si bien, el Estado guatemalteco reconoce constitucionalmente y en convenios internacionales los usos y costumbres indígenas, la práctica específica de la justicia indígena no está reconocida en la Carta Magna de 1985. Más allá del cambio en el sistema de justicia, la importancia de esta reforma reside en el reconocimiento, a través de su aprobación, de la existencia en Guatemala de un estado plurinacional.

1 Prensa Libre, Juez abre proceso contra 53 en el caso Cooptación, Guatemala, 28.07.2016.

2 Andrés Cabanas, Incertidumbre, ruptura y esperanza, Guatemala, 16.05.2016; El Periódico, Crisis, refundación del estado y transparencia, Guatemala, 08.04.2016.

3 Véase PBI, Paquete de Información Mensual nº 158, Guatemala, noviembre 2016.

Situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos

La defensa de derechos humanos en Guatemala se ha convertido en una actividad de alto riesgo que expone a las personas que la realizan a actos de difamación, criminalización y persecución. En 2015, la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) registró 493 ataques (44% hacia mujeres defensoras). El Informe señala que, a pesar de que existe una disminución significativa de ataques registrados respecto al año anterior, el nivel de violencia y agresión se ha intensificado, con un incremento de asesinatos, intentos de asesinato y de procesos de criminalización. Como en años anteriores, el sector que ha sufrido más ataques en el periodo ha sido el ambientalista/pueblos indígenas con 287 ataques registrados (58% del total): “[…] buena parte de las agresiones de mayor intensidad, como la criminalización, el asesinato, intento de asesinato y tratos crueles e inhumanos se registraron contra este tipo de defensor o defensora”. El tercer grupo de defensores/as más agredidos han sido quienes defienden el derecho a la justicia, con 69 ataques registrados. Si bien este número de ataques es sensiblemente inferior al sufrido por los/as defensores/as del derecho a la tierra y al territorio, cabe señalar que dichos ataques implican la intención de obstaculizar el acceso a la justicia, teniendo un alcance más amplio.

Otro sector especialmente golpeado en 2015 ha sido el de los/as periodistas, contra los/as cuales se registraron 59 ataques. El Observatorio de Periodistas de CERIGUA (Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala) alertó sobre el incremento de ataques en contra de la prensa durante el año, especialmente por las acciones judiciales encaminadas a coartar el trabajo profesional de periodistas y medios de comunicación. El repunte de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa, principalmente en los departamentos, evidencia el deterioro de la seguridad de los/as profesionales de la comunicación y la poca tolerancia de distintos sectores hacia el trabajo de los medios.

También cabe señalar que el 54% de los ataques registrados en el año se han dado en el mes de junio, como consecuencia del incremento de la movilización social y popular demandando la renuncia del entonces Presidente de la República y las reformas del sistema político. A este respecto, UDEFEGUA ha destacado que “muchos de los hechos denunciados a partir del mes de abril son producto de la reacción que desde grupos y actores de poder se realizan contra el Movimiento Ciudadano que se ha gestado producto de la indignación” y que “esta circunstancia en particular ha despertado una emergencia de la defensa de derechos humanos y, por ende, de defensores y defensoras”.

En el contexto de debilidad del sistema de justicia, una de las mayores amenazas contra personas defensoras de derechos humanos sigue siendo la dinámica de criminalización y difamación, a través del uso de acusaciones falsas, la falta del debido proceso, la ejecución de detenciones arbitrarias y la difamación de la protesta social, con 98 ataques de este tipo registrados en el semestre. Diferentes informes de organizaciones guatemaltecas e internacionales como la FIDH y OMTC, han señalado esta problemática en el periodo y, especialmente, la violación de las garantías al debido proceso. PBI ha señalado esta situación durante el año, en el caso de los defensores Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite, integrantes del Consejo Indígena de la comunidad de Las Flores (Chiquimula), miembro de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día, condenados a 25 años de cárcel inconmutables por asesinato, en un proceso señalado por varias organizaciones sociales como un ejemplo representativo del fenómeno de criminalización que sufre la protesta social en Guatemala.

Asimismo, cabe destacar que los procesos de judicialización son los que generan impactos más específicos contra las mujeres defensoras. El Informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos señala que “cuando un defensor de derechos humanos es detenido, su familia asume su defensa y, en muchos casos, sus esposas e hijas se convierten en defensoras de derechos humanos. En el caso de que la prisión se ordene en contra de una defensora hemos evidenciado como la familia la deja sola, en muchos casos se niega a cuidar a sus hijos e hijas y, si lo hace, el mensaje transmitido a ellos/as es que lo que ocurre es culpa de la mamá”.

Oficina del Proyecto: Avenida Entrevías, 76, 4º B, 28053 Madrid, Estado Español, Tel: (34) 918 543 150

Equipo en Guatemala: 3a Avenida 'A' 3-51, Zona 1, Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A. Tel: (502) 2220 1032


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