February 27, 2017
  
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Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día

Omar Geronimo - Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día

PREOCUPACIÓN ACTUAL: Agresiones e intensificación de amenazas contra la organización y comunidades ch'orti' en el oriente del país

Llamamos la atención sobre el aumento creciente de amenazas y riesgos que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos en el oriente de Guatemala, donde PBI acompaña a la Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND) desde el año 2009.

En varios municipios del departamento de Chiquimula (entre ellos Jocotán, Chiquimula, Camotán, Olopa y San Juan Ermita), y en coordinación con otras organizaciones, la CCCND realiza una labor informativa con comunidades de la región abordando temas relativos a la economía campesina, el medio ambiente, el territorio y derechos relacionados. También les brinda apoyo en procesos comunitarios de reivindicación de su identidad Maya Ch'orti', y les asesora en sus procesos para el reconocimiento y registro legal como comunidades indígenas. Es el caso de la aldea Las Flores (Jocotán), que el 6 de agosto logró el reconocimiento formal como comunidad Maya Ch'ortí. La organización incluye entre sus miembros a personas de 32 comunidades Ch'orti' de la región. Tras denuncias presentadas por la organización en la fiscalía del Ministerio Público (MP) en 2013, la sede institucional de la CCCND cuenta con medidas perimetrales de seguridad a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) otorgadas por la Unidad de Defensores de Derechos Humanos del MP.

Desde inicios del año, hemos observado un aumento significativo de amenazas, intimidaciones y señalamiento negativo o difamaciones contra la organización y sus integrantes. Entre marzo y septiembre, PBI ha registrado 81 incidentes de seguridad en el marco del acompañamiento a la organización, cinco veces más de los que le afectaron en el semestre anterior (17). Entre ellos se han registrado amenazas en 22 ocasiones, vigilancia de la sede institucional o el domicilio de sus integrantes (11), intimidaciones (17), difamaciones (14), e incluso dos ataques contra la integridad física de sus miembros

En el departamento de Chiquimula, hay varios proyectos hidroeléctricos planificados o actualmente en ejecución. La CCCND ha manifestado que la falta de información amplia y transparente sobre estos, y de consulta previa a las comunidades del área, afecta negativamente a su población; como resultado, entre otros impactos, su tejido social resulta afectado, y ello favorece la generación o profundización de  situaciones de conflicto o tensión. En este contexto, integrantes de la CCCND han sido blanco de amenazas y otras agresiones debido a su legítima contribución a la defensa del territorio y a las reivindicaciones de los pueblos indígenas.

Junto a ello, la organización continúa denunciando una campaña de criminalización en su contra. Numerosos miembros de la CCCND, se han presentado en reiteradas ocasiones a citaciones de autoridades del sistema de justicia, principalmente la Fiscalía de Chiquimula, tras acusaciones formuladas por actores privados o autoridades públicas locales en su contra, por hechos relacionados con su labor o su rol en comunidades de la región. Han sido muy habituales en ese sentido las reuniones de conciliación; actualmente varios miembros de la organización tienen denuncias legales en su contra.

Es particularmente preocupante la falta de garantías al debido proceso legal que denuncia la CCCND, también en la detención y proceso judicial contra dos de sus integrantes: Agustín García y Timoteo Suchite, quienes forman parte del Consejo Indígena de la comunidad Las Flores, fueron condenados en mayo 2014 a 6 años de prisión por homicidio, después de haber sido acusados y juzgados en primera instancia por el asesinato de una persona ocurrido en la comunidad Las Flores (Jocotán) en mayo de 2013 (1). Desde la detención el 19 de junio 2013 (2), la CCCND ha continuado expresando su preocupación por la falta de adecuada investigación sobre los hechos y de respeto a las garantías del debido proceso penal y a los derechos de las personas detenidas. La organización también denuncia que ambas personas han recibido visitas intimidatorias y amenazas en prisión por parte de varias personas del área. Su defensa ha presentado un recurso de apelación, actualmente en trámite.

El esclarecimiento de la verdad y la aplicación de justicia ante todo hecho de violencia contra la vida de las personas, como el ocurrido en Las Flores en mayo de 2013, son esenciales en todo Estado de Derecho; para ello, PBI considera imprescindible en todo caso el respeto y la aplicación rigurosa de los estándares internacionales del debido proceso legal y judicial, incluyendo la investigación imparcial, profunda y ágil de las acusaciones y, en caso de existir fundamento para la persecución penal, la tramitación sin demoras de audiencias y procesos judiciales que garantizan la imparcialidad del juzgador.

Las amenazas, agresiones y riesgos que actualmente enfrentan miembros de la CCCND, se agravan tomando en cuenta que se mantiene en la impunidad desde hace año y medio el asesinato de Carlos Hernández, defensor de derechos humanos y reconocido dirigente social y activista sindical en la región. Le dispararon el 8 de marzo de 2013, cuando regresaba de Honduras en vehículo; recientemente han sido puestas en libertad las personas que habían sido acusadas de su asesinato y que guardaban por ello prisión preventiva.

PBI considera sumamente preocupante la falta de avance en la investigación y esclarecimiento de este crimen: su impunidad priva del derecho a la justicia a la víctima, e incrementa los riesgos de ataques contra la vida y la integridad física de otros defensores y defensoras de derechos humanos de la región, que reciben graves amenazas. Esta impunidad contrasta de manera preocupante con la condena por homicidio de los dos integrantes de la CCCND tras haber sido acusados y juzgados en primera instancia por hechos ocurridos dos meses después del asesinato de Carlos Hernández.


(1) Fueron ligadas a proceso tras su primera declaración, y el juez resolvió su prisión preventiva en base a acusaciones de asesinato, otorgando al MP un plazo de 3 meses para investigar. Después de la clausura provisional del caso por falta de pruebas el 28 de septiembre de 2013, el 27 de enero de 2014, el juicio en su contra fue reabierto, y el juez decidió de nuevo el ingreso de ambas personas en prisión preventiva. http:// http//www.pbi-guatemala.org/field-projects/pbi-guatemala/publications/monthly-information-package/Ver PBI Guatemala, Paquete de Información Mensual No. 117, junio de 2013, No. 120, septiembre 2013; No. 121, octubre 2013; No.124, enero 2014 y No.128, mayo 2014. 

(2) Este día, frente a las instalaciones del MP, fueron detenidos cuatro integrantes del Consejo Indigena de Las Flores, cuando se presentaron para atender una citación a una audiencia conciliatoria relacionada con su labor de defensa de la tierra y el territorio. Dos de ellos fueron puestos en libertad por falta de pruebas pocas horas después, y denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante su detención, que interpretan como un acto de intimidación.


Contexto

La CCCCND forma parte de la Plataforma Agraria y trabaja en varios municipios del oriente del país (entre ellos, Jocotán, Chiquimula, Camotán, Olopa y San Juan Ermita), en el departamento de Chiquimula, desarrollando una labor formativa e informativa con las comunidades rurales sobre temas relativos a la economía campesina, el medio ambiente, derechos y territorio, en coordinación con otras organizaciones de la región. En 2006 la CCCCND se informó de la existencia de proyectos de construcción de tres hidroeléctricas en dos de los municipios del departamento: los proyectos El Orégano y El Puente en Jocotán, y el proyecto Caparjá en Camotán. Actualmente, sólo el primero de los proyectos identificados continúa en Jocotán impulsado por la empresa guatemalteca Las Tres Niñas, S.A., para construir una hidroeléctrica en el Río Grande.

PBI acompaña a esta organización desde 2009. Varios de sus miembros han recibido amenazas y ataques debido a su trabajo en las comunidades, incluyendo amenazas de muerte e intimidaciones.

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