June 23, 2017
  
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El problema de la tierra.

 

La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) abrió, de enero a junio 2012, 226 expedientes de conflictos por tierras, elevando a 1.214 los casos para estos tipos de conflictos, que afectan a más de un millón de campesinos en todo el país1. La Ley de Desarrollo Rural, clave para el combate contra la pobreza de la población campesina, continuó sin ser aprobada durante este periodo. El 20 de marzo de 2012 cientos de campesinos y campesinas iniciaron una Marcha Indígena, Campesina y Popular de 216 kilómetros hacia la capital del país, demandando: el cese de los desalojos y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural; respuesta estatal a los conflictos sobre la tierra existentes en el Valle del Polochic y el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las familias desalojadas; una iniciativa de ley para declarar la moratoria de todas las operaciones en proyectos mineros e hidroeléctricos; la atención y solución de conflictos en los departamentos del Quiché y las Verapaces; así como el retiro del ejército en territorios donde existe conflictividad alrededor de la tierra y los recursos naturales.

En el mes de junio de 2012, los dirigentes de la Marcha Indígena, Campesina y Popular denunciaron que el Ejecutivo seguía sin dar respuesta a sus demandas en relación con la minería y la militarización, en el primer caso vulnerando el cumplimiento de derechos reconocidos en la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en el segundo, contribuyendo al aumento de la conflictividad (por ejemplo, en regiones como la de San Juan Sacatepéquez, y en relación con decisiones como la apertura o reapertura de destacamentos militares)2.

En este contexto, en el mes de julio de 2012 la UVOC publicó un comunicado3 denunciando las difamaciones aparecidas en medios de prensa locales en contra de comunidades acompañadas por la UVOC y sus líderes y lideresas campesinos/as, solicitando que el Estado y el actual Gobierno guatemalteco respeten los derechos fundamentales de la población indígena y campesina. En el comunicado, la UVOC afirma que “las comunidades siguen plagadas por problemas que con la voluntad política necesaria podrían ser resueltos por el gobierno; la deuda agraria, la seguridad alimentaria, falta de respeto del Convenio 169, falta de aprobación de una ley de desarrollo rural integral, son una necesidad urgente para la resolución pacífica de los conflictos de tierras de las comunidades indígenas y campesinas de país4.

  1. Acompañamiento a los procesos de acceso a la tierra.

    Uno de los mayores problemas en Guatemala, es el acceso a la tierra. En Guatemala PBI ha acompañado procesos de campesinos, retornados, desplazados internos organizados, desplazados internos dispersos.

    Hemos aprendido de la experiencia del pasado que el acceso a la tierra es uno de los principales problemas todavía sin resolver. El acompañamiento a este proceso requiere por parte de PBI tener presente de antemano los límites legales y los límites que nuestro propio mandato de no injerencia, no violencia y no partidismo nos marcan.

    El proyecto profundizará en el acompañamiento a este proceso a través de:

    • Las acciones que ya está realizando como son los acompañamientos a organizaciones de pobladores en áreas marginales de la capital y a comunidades que están regularizando su situación legal con respecto a fincas en las que tienen derechos adquiridos por los años de permanencia en las mismas.

    • Dando seguimiento y distribuyendo información a través de nuestras publicaciones.

    • Priorizando este acompañamiento en todos los ejes del trabajo.

    • Explorando otras posibles opciones de acompañamiento.

  2. Acompañamiento a las organizaciones de trabajadores del campo. Derechos laborales de los trabajadores del campo.

    La situación de los trabajadores del campo en Guatemala es alarmante. Alrededor de cuatrocientos trabajadores agrícolas son despedidos mensualmente en Guatemala por razones injustificadas, como el reclamo del pago del salario mínimo y prestaciones de ley y por afiliación sindical, según Manuel Pablo Quino, Secretario General de la Federación Campesina y Popular (FEDECAMPO).

    Además de sufrir despidos, los trabajadores del campo son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados criminales y asesinatos en su contra por parte de los empleadores a quienes no les conviene tener en sus fincas a trabajadores organizados puesto que por la sindicalización muchos han llegado a conocer sus derechos laborales.2

    Esta es un área relativamente nueva en el trabajo de PBI en Guatemala. El equipo en el terreno explorará y profundizará más para averiguar cómo acompañar mejor este proceso.

    Los pasos a seguir serían:

    • Dar seguimiento y profundizar nuestro contacto con las organizaciones sindicales en Guatemala que trabajan las cuestiones de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y con las organizaciones campesinas.

    • Dar seguimiento y distribuir información sobre este proceso a través de nuestras publicaciones.

    • Priorizar este proceso para explorar e investigar más en todos los ejes del trabajo.



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    1 Artículo Disputas en el agro ligan a 30 mil personas, Prensa Libre, 4 de septiembre de 2012.

    2 Artículo Indígenas y campesinos demandan aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, El Periódico, 4 de junio de 2012.

    4 Comunicado UVOC, Solamente la reforma agraria puede llevar la paz a Guatemala, 13 de julio de 2012.


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