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Mujeres indígenas guatemaltecas en resistencia

El presente informe tratará de dar seguimiento a otro publicado por PBI en el año 2006 sobre los impactos de la explotación minera, recogiendo ahora una perspectiva más amplia que toma en cuenta otras actividades de explotación de recursos naturales relevantes en el contexto latinoamericano, y aproximándose a la realidad específica de mujeres indígenas guatemaltecas. En contraposición a algunas alternativas existentes en el continente para impulsar un proceso de recuperación de los recursos naturales para los Estados, bajo control de los pueblos, el Estado Guatemalteco ha favorecido en el país su explotación privada, sin tomar en cuenta la opinión de aquéllos. Según la pagina web del Ministerio de Energía y Minas, en el año 2009 se han concedido en Guatemala alrededor de 400 licencias mineras; existen más de 15 proyectos hidroeléctricos operativos y casi otros tantos a punto de comenzar a operar (sumando un total 35). Junto a ellos también destacan los proyectos dirigidos al cultivo intensivo de palma africana, de maíz y de caña de azúcar.
La resistencia social indígena frente a estos proyectos y megaproyectos ha sido permanente y ha revestido diversas formas a lo largo del tiempo, pero en ella siempre han desempeñado un rol clave su propia cosmovisión y la territorialidad, elemento necesario para su supervivencia como pueblos.

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Minería de metales y derechos humanos en Guatemala

Desde mediados de 2000, empezamos a recibir peticiones de acompañamiento internacional. Por ello, realizamos un trabajo de campo que evidenció un retroceso y, en algunos casos, cierre de espacio de trabajo de los defensores de derechos humanos. Después de varias misiones exploratorias a lo largo de 2001, en abril de 2002, PBI decidió reabrir el proyecto para realizar una labor de observación y acompañamiento internacional en coordinación con otras ONG’s de acompañamiento internacional. En abril de 2003, se estableció una nueva oficina de PBI en Guatemala. A finales del año 2003, la cuestión de la minería de metales tomó auge en el debate nacional. Al mismo tiempo, los hostigamientos en contra de ambientalistas y líderes populares trabajando en esta temática fue en aumento lo que provocó la presencia de PBI acompañando a varias organizaciones y personas amenazadas. A partir de este momento, PBI ha ido profundizando en esta temática a través de la recopilación de información a lo largo de su presencia. El informe que les presentamos es fruto de esta labor de los miembros del equipo de PBI en estos años.

Minería de metales y derechos humanos en Guatemala (pdf 2.9 MB)

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Boletín especial: El Petén

Hasta los años 50 del siglo pasado El Petén estaba cubierto casi en su totalidad por un denso bosque tropical. Las únicas comunidades que existían eran el pueblo maya itzá y mopán, y algunas comunidades extractivistas, como Carmelita y Uaxactun, que se habían establecido a fines del siglo XIX para la extracción de chicle, xate, pimienta y madera. Se estima que en el año 1960 vivían 21,000 personas en el Petén1. En 1954 empezó la política de colonización agraria, convirtiéndose en la válvula de escape a los problemas agrarios de Guatemala2. La política de colonización rural pretendía controlar los conflictos generados por la demanda de tierras en zonas socialmente vulnerables, como Las Verapaces, el Altiplano y la Costa Sur.

Boletín especial: El Petén (pdf 1.5 MB)

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10 años sin guerra…esperando la paz:

El primer estudio sobre el AFPC publicado por el Proyecto de PBI en Guatemala en 1998 recabó información sobre la I Fase del Acuerdo Cronograma y parte de la II Fase del mismo. Había transcurrido solo un año y medio desde la firma del Acuerdo y era un momento en el que las esperanzas eran muchas.Todos estábamos volcados en el acompañamiento al proceso del cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz y empujados por el espíritu de los mismos. Sabíamos que el reto era grande y que habría que enfrentar en el camino no pocos obstáculos. A los diez años de la Firma de la Paz, este segundo informe pretende recoger una visión sobre el estado actual del cumplimiento de los compromisos suscritos. Se tratarán temas tan sustanciales como el voto en contra a las reformas constitucionales aquel 16 de mayo de 1999, que propició la búsqueda de otras posibles vías de reformas para implementar los compromisos pendientes. En las siguientes páginas analizaremos, siguiendo el esquema del propio Acuerdo, los alcances en la implementación del mismo, las cuestiones que todavía siguen pendientes, y algunos de los aspectos que sufren estancamiento o incluso retrocesos. En el 2005, a casi diez años de la firma de la Paz, se crea el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) mediante la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto Número 52-2005). Esta instancia, integrada por miembros de los tres Organismos del Estado, partidos políticos y la sociedad civil, tiene por objetivo dialogar, coordinar, consensuar, impulsar, promover, orientar e incidir en las reformas legales, políticas, programas y proyectos derivados que contribuyan al pleno cumplimiento de los Acuerdos de Paz. La creación del CNAP refleja la necesidad de seguir trabajando en la implementación de los compromisos acordados hace más de diez años desde las instituciones del Estado y la sociedad civil para alcanzar un verdadero Estado Democrático y de Derecho.

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